Economistas y abogados – +30 años de experiencia
Si tu empresa no puede hacer frente a sus deudas, el concurso de acreedores es el mecanismo legal para ordenar la situación y actuar antes de que lo hagan tus acreedores. En GAC somos economistas y abogados con más de 30 años de experiencia y más de 500 casos gestionados.
+500
casos gestionados
+30
años de experiencia
100%
transparencia en honorarios
El concurso de acreedores es el procedimiento legal previsto en la Ley Concursal para empresas y autónomos que se encuentran en estado de insolvencia: cuando no pueden atender sus obligaciones de pago con regularidad, o cuando prevén que no podrán hacerlo en un futuro próximo.
No es el fracaso de una empresa. Es el mecanismo que el sistema legal pone a disposición del empresario para ordenar la situación de forma controlada, negociar con los acreedores y -si hay viabilidad- dar continuidad a la actividad.
Actuar a tiempo es crítico: la ley obliga a solicitarlo en un plazo de dos meses desde que se conoce la situación de insolvencia.
Hacerlo antes abre más opciones. Hacerlo tarde, o no hacerlo, agrava las consecuencias.
Un concurso de acreedores no es solo un procedimiento jurídico. Es también un análisis económico del balance, de la masa activa y pasiva y de la viabilidad real del negocio. En GAC los dos flancos trabajan de forma coordinada desde el primer día.
Conocemos los criterios habituales de los juzgados de lo mercantil, los patrones de comportamiento de los principales tipos de acreedores y las estrategias que funcionan en cada fase del proceso.
Si tu empresa no tiene viabilidad real, te lo decimos antes de iniciar el proceso. El coste humano y económico de un concurso mal preparado es muy alto. No empezamos procesos sin base.
Antes de comprometerte, sabes exactamente cuánto cuesta cada etapa. Sin sorpresas.
Atendemos empresas de toda España de forma presencial o telemática. Contamos con oficinas en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.
Evaluamos si tu empresa se encuentra en estado de insolvencia actual o previsible, y si existen alternativas preconcursales.
Documentación obligatoria con toda la masa activa y pasiva, preparada según los requisitos de la Ley Concursal.
Notificación al juzgado para proteger a la empresa de embargos mientras se negocia con los acreedores.
Ante el juzgado de lo mercantil competente por domicilio social.
Interlocución técnica ante el administrador designado por el juzgado.
Si hay viabilidad, trabajamos para alcanzar un acuerdo con los acreedores que permita la continuidad de la actividad.
Procedimiento simplificado para empresas con facturación y plantilla reducidas, con plazos y costes más ágiles.
Cuando la continuidad no es viable, gestionamos el cierre de forma que el administrador o los socios queden protegidos.
Gestionamos concursos de acreedores en toda España. Si quieres información específica sobre el juzgado de lo mercantil competente en tu ciudad:
Eres empresario, autónomo o administrador de una SL o SA que no puede atender sus obligaciones de pago.
Llevas tiempo aplazando pagos a proveedores, Seguridad Social o Hacienda y la situación ya no es sostenible.
Has recibido embargos preventivos o amenazas de ejecución de acreedores.
Quieres explorar si hay una vía para salvar la actividad antes de que el juzgado lo gestione de oficio.
Necesitas cerrar la empresa de forma ordenada y proteger tu patrimonio personal como administrador.
Eres empresario, autónomo o administrador de una SL o SA que no puede atender sus obligaciones de pago.
Buscas una solución urgente en 48 horas sin análisis previo. Un concurso mal preparado tiene consecuencias graves; no trabajamos así.
Si tu empresa está en una situación de insolvencia o crees que puede llegar a estarlo, el mejor momento para analizarlo es ahora. Cuanto antes se actúa, más opciones hay sobre la mesa.
Escríbenos por WhatsApp o llámanos. Te atendemos sin compromiso y te decimos con claridad si hay viabilidad y cuál es el camino.
Es el procedimiento legal previsto en la Ley Concursal española para empresas y autónomos que no pueden atender sus obligaciones de pago. Su objetivo es ordenar la relación entre el deudor y sus acreedores bajo supervisión judicial, con dos posibles salidas: un convenio que permita la continuidad de la actividad, o una liquidación ordenada del patrimonio.
Cuando tu empresa se encuentra en estado de insolvencia actual tienes la obligación legal de solicitarlo en un plazo de dos meses desde que conoces esa situación. También puedes solicitarlo de forma preventiva si prevés que no podrás atender tus pagos en un futuro próximo.
El voluntario lo solicita el propio empresario o la empresa. El necesario lo solicita un acreedor al que no se le está pagando. Llegar al concurso necesario implica perder el control del proceso desde el inicio, con peores condiciones para el deudor.
Depende de la viabilidad real del negocio. Si la empresa tiene actividad sostenible pero un problema financiero puntual o estructural, el convenio con acreedores puede permitir la continuidad. Si la viabilidad no existe, la liquidación ordenada es la salida más protegida para el administrador.
Es un procedimiento simplificado creado para empresas pequeñas con un volumen de negocio, plantilla y pasivo reducidos. Los plazos son más cortos, la documentación exigida es menor y los costes del proceso son más bajos.
Si actúas con transparencia y no has incurrido en actuaciones fraudulentas o negligentes, tu responsabilidad personal queda limitada. El riesgo aumenta si el concurso se califica como culpable o si hubo retraso deliberado en la solicitud.
No. Son mecanismos distintos para perfiles distintos. El concurso de acreedores está pensado para empresas y autónomos con deudas mercantiles. La Ley de la Segunda Oportunidad está pensada para personas físicas con deudas personales.
