Enfrentarse a la tarea de elaborar un plan de reestructuración concursal para una empresa es una labor titánica. Más allá de los exigentes requerimientos judiciales y la minuciosa planificación necesaria para la formación de clases y la negociación con los diferentes acreedores, no podemos olvidar que los créditos públicos (aquellos vinculados a Hacienda y la Seguridad Social) poseen unos privilegios que requieren un tratamiento particular.