Muchas personas que buscan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad se enfrentan a limitaciones en los máximos exonerables por deudas con Hacienda y de Seguridad Social.
La Ley de Segunda Oportunidad (LSO) constituye un derecho otorgado a personas físicas, (EPI) anteriormente conocido como beneficio (BEPI), que, ante la imposibilidad de satisfacer sus deudas, tarjetas o préstamos contraídos con diversas entidades, pueden solicitar la cancelación definitiva de sus obligaciones financieras, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente.
De acuerdo con el artículo 492 bis del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), se faculta a los sujetos afectados a solicitar ante el Juez del concurso el recálculo de las cuotas de su préstamo hipotecario. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de ajustar dichas cuotas al valor razonable de la garantía, conforme a los criterios establecidos en los artículos 273 a 275 del TRLC.
