Tras el devastador impacto de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en España, que afectó a varias regiones en octubre de 2024, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2024 para ofrecer un paquete de medidas dirigidas a apoyar a la población y a las empresas afectadas.
Se aprueban ayudas directas urgentes para las personas afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana, afectada desde el 29 de octubre de 2024.
La Ley 3/2024, publicada el 31 de octubre de 2024 y en vigor desde el 1 de noviembre, constituye un marco jurídico pionero en España que responde a la necesidad de garantizar un apoyo digno a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otros procesos neurológicos de alta complejidad e irreversibilidad.
A partir del 1 de julio de 2025, las empresas deberán adaptarse a importantes cambios normativos que afectarán a la gestión de la facturación.
Nuestra clienta se exonera de todas sus deudas al alegar la temeridad de la entidad que le concedió el crédito.
Muchas personas que buscan acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad se enfrentan a limitaciones en los máximos exonerables por deudas con Hacienda y de Seguridad Social.
El RD-ley 4/2024 introduce cambios en incentivos fiscales del Impuesto sobre Sociedades, aumentando la reducción de la reserva de capitalización al 15% y reduciendo el plazo de mantenimiento a tres años. Además, implementa la amortización libre para vehículos y recargas sostenibles.
El pasado 9 de septiembre, finalmente, se reactivó la Mesa de Diálogo Social con el objetivo de avanzar hacia la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas. Entre las propuestas más destacadas, el Ministerio de Trabajo ha presentado el "Plan Pyme 375", diseñado específicamente para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su adaptación a esta nueva normativa.
Patricia Hermosilla, responsable del departamento laboral de GAC, aclara el motivo por el cual un despido se convirtió en improcedente debido a que la prueba se consideró ilícita. Video en colaboración con Wolters Kluwer.
Enfrentarse a la tarea de elaborar un plan de reestructuración concursal para una empresa es una labor titánica. Más allá de los exigentes requerimientos judiciales y la minuciosa planificación necesaria para la formación de clases y la negociación con los diferentes acreedores, no podemos olvidar que los créditos públicos (aquellos vinculados a Hacienda y la Seguridad Social) poseen unos privilegios que requieren un tratamiento particular.
